¿Cómo podríamos definir la coordinación de parentalidad?
La definición más completa es la creada por la Association for Families and Conciliation Courts (AFCCRE, 2006), que dice, textualmente: "es un proceso alternativo de resolución de disputas en el que un profesional de la salud mental o del ámbito jurídico, con formación y experiencia en mediación, ayuda a padres con una relación de alta conflictividad a implementar su plan de parentalidad, facilitando la resolución de sus disputas de una manera oportuna, educando a los padres sobre las necesidades de sus hijos, y, en algunos casos previamente establecidos por los padres o el juzgado, puede tomar decisiones por ellos."

¿Por qué es importante?
Tres razones primordiales. En primer lugar, la investigación indica que los conflictos graves entre padres -disputas verbales y físicas, litigación persistente, desconfianza y hostilidad, alejamiento de uno de los progenitores, entre otros-, ponen a los niños en riesgo y destruyen los beneficios que las relaciones parentales positivas pueden aportar. En segundo lugar, en los casos más difíciles, los jueces a menudo recomiendan la mediación, evaluaciones periciales o terapia, pero estos recursos no son efectivos cuando los padres están atrapados en un conflicto crónico. Y, en tercer lugar, las familias con divorcios de alta conflictividad, utilizan muchos servicios del tipo protección de menores, mediación, consultas a expertos, mientras, al mismo tiempo, también inician numerosos procedimientos que suponen un alto coste para la sociedad y la familia.

Con su experiencia en Canadá, ¿cuál sería el marco legal ideal para implementar en Cataluña un servicio de coordinación de la parentalidad?
A diferencia de estados como Oklahoma, Oregón y Florida en Estados Unidos, ninguna de las provincias de Canadá, incluido el Quebec, ni tampoco las comunidades autónomas de España, disponen en sus reglamentos de la posibilidad de que un juez designe o derive a un coordinador de parentalidad para ayudar a familias con alta conflictividad en un proceso de divorcio. Actualmente, sólo es posible que los jueces recomienden a los padres que busquen servicios de coordinación de parentalidad por su cuenta en aquellos casos en que parece poco probable que los padres puedan llevar a cabo el plan de parentalidad o cumplir un mandato judicial relacionado con el cuidado de los hijos. Estas medidas formarían parte del mandato y presionarían a los padres a involucrarse para hacerlo y buscar los servicios de un coordinador de parentalidad competente. Una iniciativa similar se podría tomar sin la intervención del juzgado. Por ejemplo, que los padres y sus abogados, de manera conjunta, pudieran acordar de manera voluntaria que los servicios de coordinación de parentalidad les son necesarios.

¿Qué ventajas puede comportar que el juez designe un coordinador de parentalidad?
En este caso, las ventajas son numerosas y significativas, en cuanto a su resultado final. Pasa lo mismo cuando un juez nombra un experto para hacer un informe pericial. Esto legitima el proceso y dibuja el coordinador de parentalidad como un rol más neutral e imparcial. Además, este coordinador podría recibir mandatos judiciales específicos que se ajustaran y dirigiesen mejor a las necesidades especiales de los niños, y presionaría de paso a los padres sujetos a un mandato judicial a que fueran más responsables ante el mismo juez. Finalmente, el coordinador de parentalidad podría recurrir al juez en caso de encontrar una negativa a colaborar o si hay dificultades en el cumplimiento de las decisiones adoptadas. A pesar de que los coordinadores no formulan opiniones definitivas o recomendaciones sobre la guarda de los hijos, su punto de vista, su aportación en el proceso, puede ayudar jueces y padres a formular planes de parentalidad más sensibles a las necesidades de todos los involucrados.

¿Quien se hace cargo de los gastos de la coordinación de parentalidad?
En ambos casos, los padres asumen los honorarios por los servicios. Idealmente, se podrían ofrecer servicios gratuitos. En Montreal, hemos iniciado un programa piloto financiado por el Ministerio de Justicia.

¿Cuáles son los primeros pasos que se deberían tomar para implementar el rol de coordinador de parentalidad en nuestro país?
Ya que la coordinación de parentalidad es un fenómeno relativamente nuevo en Quebec, con sólo unos diez años de trayectoria, y muy nuevo en España, se debe sensibilizar e informar a los jueces, abogados, profesionales de la salud mental, padres y políticos de los beneficios potenciales a niños y niñas (y a la sociedad en general) ofrecidos por la coordinación de parentalidad. Con este objetivo, sería bueno hacer conferencias informativas a cargo de profesionales acreditados y competentes, como la que se acaba de hacer aquí, en el COPC. Primero, la información y después, la formación de profesionales para asegurar que el coordinador de parentalidad cumpla en su tarea los requerimientos marcados por la Association for Families and Conciliation Courts. Los colegios profesionales, como por ejemplo el de psicólogos o el de trabajadores sociales, necesitan disponer de comités que regulen la práctica y ética de estos coordinadores de parentalidad, similares a los que regulan la mediación y las evaluaciones periciales. Finalmente, cada colegio necesita asumir la responsabilidad por el conocimiento, valor y supervisión de sus miembros que actúen como coordinadores.

¿Cómo potenciar la confianza y colaboración con los jueces y los abogados para implementar el rol del coordinador de parentalidad?
Respecto a desarrollar la confianza con abogados y jueces, en primer lugar es importante que estén informados y que estén involucrados en el proceso de establecer un programa de coordinación de parentalidad. Si ellos ven la necesidad de tener tal servicio, que enseguida se hace evidente, podrían sugerir ideas de cómo proceder de acuerdo a la legislación vigente. En Quebec hicimos sensibilizar e involucrar a los abogados y jueces desde el principio. Requiere mucho esfuerzo y trabajo continuado. Desarrollamos un comité multidisciplinar, como el que está en proceso de implementarse en la Sección de Alternativas de Resolución y Gestión de Conflictos del COPC, que terminó proponiendo un proyecto piloto, en colaboración con una universidad y apoyado por el Ministerio de Justicia.

En el proceso de coordinación de parentalidad, ¿como sería la colaboración con los juristas?
También en este caso, los abogados se deberían involucrar desde el principio. Es importante que los abogados crean en el proceso, en las ventajas que conlleva, o, en caso contrario, podrían sabotear la derivación judicial. En Montreal, tenemos un servicio de mediación en los juzgados que ha aceptado actuar de patrocinador del programa y así, las derivaciones recibidas de los jueces se procesan y se les asigna un coordinador de parentalidad. El coordinador de parentalidad se pone en contacto desde el principio con los abogados y les enviamos la copia del contrato de coordinación de parentalidad firmado por los padres. Los abogados raramente vienen a las sesiones de coordinación, pero su opinión se solicita cada vez que sea necesario, normalmente es tan fácil e inmediato como para hacerlo en una llamada.

¿Qué recomendaciones haría al grupo de psicólogos mediadores formados en coordinación de parentalidad?
Una posibilidad sería convertir casos en los que haríamos 'coaching' de parentalidad, donde hay necesidad de más estructura y seguimiento, en casos de coordinación de parentalidad. Esto, requiere hablar con los abogados que estén de acuerdo en iniciar el proceso, ya que, normalmente, no hay otra posibilidad de ayudar a estos padres y sus hijos.


Entrevista por Connie Capdevila, col. 8311




INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA ENTREVISTA

Cuando es beneficiosa la intervención de un/una coordinador/a de parentalidad?

* Cuando los juzgados se enfrentan a una alta incidencia de litigios sobre la implementación de un plan de parentalidad o por la custodia de los hijos.
* Cuando la mediación no ha tenido éxito o los padres no están dispuestos a mediar sus diferencias.
* Cuando los padres experimentan una alta conflictividad y necesitan implementar o modificar un plan de parentalidad.
* Temas familiares complejos que requieren una gestión intensiva del caso.
* Alta conflictividad entre padres que requieren profesionales con formación que tomen decisiones por ellos.


¿Cuáles son las diferencias entre la coordinación de parentalidad, la terapia, la mediación familiar y la evaluación por la custodia?

Esta tabla aclara las diferencias entre las diferentes intervenciones: