El Dr. Dominic De Abate, director del Consensus Mediation Center, ha vuelto al COPC para presentar los resultados del proyecto piloto de coordinación de parentalidad de Montreal. Hemos hablado con el Dr. D'Abate sobre algunos aspectos de la implementación de la coordinación de parentalidad en Quebec.

Los psicólogos y psicólogas tienen el conocimiento y experiencia para trabajar de manera efectiva con familias con alta conflictividad en las que los niños a menudo están en riesgo de sufrimiento emocional. 

En Estados Unidos y Canadá, los profesionales de la psicología han jugado un rol muy importante en el desarrollo de la coordinación de parentalidad. La Asociación Americana de Psicología ha reconocido la importancia del rol de coordinador de parentalidad para sus propios miembros y ha creado sus Directrices. Los profesionales de la psicología y trabajo social en Montreal han sido una pieza fundamental para iniciar y desarrollar la coordinación de parentalidad. En Cataluña, el Colegio Oficial de Psicología de Cataluña han creado sus directrices para la práctica en este campo. 

Usted ha formado parte del Comité que ha organizado el proyecto piloto de coordinación de parentalidad de Montreal. Desde su inicio en 2013 ya ha realizado cierto recorrido en estos años. ¿Qué valoración hace? 

Como resultado de la participación de psicólogos y trabajadores sociales en Montreal, conseguimos que el Ministerio de Justicia financiara un proyecto piloto de dos años. El interés por la coordinación de parentalidad se ha incrementado entre los profesionales del ámbito legal y psicosocial y, en particular, entre los "evaluadores de la custodia", los cuales a menudo recomiendan que los progenitores hagan un seguimiento con un coordinador de parentalidad. También hemos formado más profesionales que están ansiosos por recibir casos que, lamentablemente, aún no suponen un gran número. En la actualidad, el Ministerio de Justicia está examinando la evaluación del proyecto piloto y estamos a la espera de la respuesta. Espero que una vez enviado el informe que regulará la práctica de coordinación de parentalidad en Quebec, los jueces estarán más dispuestos a derivar a los progenitores y que el gobierno proporcionará alguna ayuda económica a las familias que no puedan pagar el servicio. Mientras tanto, estamos haciendo un esfuerzo para sensibilizar a los abogados y a los jueces y se están empezando a obtener más derivaciones. Como en todas las jurisdicciones judiciales, el sistema es demasiado prudente a la hora de asegurar que todos los actores (Ministerio de Justicia, Colegio de Abogados, Psicólogos y Trabajadores sociales) estén a bordo y estén preparados para avanzar. No tengo ninguna duda de que la coordinación de parentalidad será un servicio importante que los tribunales utilizarán. También estamos explorando como este servicio puede ser útil junto con los servicios de protección de menores.

¿Qué frutos se han obtenido del proyecto piloto de coordinación de parentalidad de Montreal?

Los diferentes participantes en el proyecto (progenitores, niños y niñas, abogados o jueces) han mostrado muy buena predisposición hacia la coordinación de parentalidad y creen que esta intervención tiene su lugar en el sistema legal de derecho de familia en Quebec. La mayoría de ellos creen en el valor de la coordinación de parentalidad para ayudar a las familias separadas que viven en conflicto. Los resultados de nuestra investigación indican un descenso en la actividad judicial y que los coordinadores de parentalidad deberían ser una alternativa -a más bajo coste- que el litigio tradicional.

¿Cuáles son las principales diferencias con un proceso de mediación?

En primer lugar, los progenitores en relaciones coparental de alta conflictividad forman, aproximadamente, el 15 por ciento de todas las parejas que se separan o divorcian. No consideran la mediación como una opción para resolver sus diferencias.

La mediación familiar es un proceso confidencial y los profesionales de la mediación no pueden ser citados como testigos en el juzgado, mientras que la coordinación familiar no es confidencial y se puede requerir al profesional ante el juez, así como realizar un informe que detalle sus intervenciones.

La coordinación de parentalidad, a diferencia de la mediación, está centrada en las necesidades de los niños y niñas y ayuda a los progenitores a desinvolucrarse de los conflictos.

La coordinación de parentalidad puede realizar muchas funciones como la psicoeducación, gestión de los conflictos, gestión de caso y coordinación con otros profesionales y de forma limitada la toma de decisiones. Los profesionales de la mediación tienen más restricciones de lo que pueden realizar con los progenitores.

Los coordinadores de parentalidad también pueden ofrecer servicios de seguimiento a las familias para que cumplan la resolución judicial.

Los progenitores están obligados a comprometerse con una intervención a largo plazo (normalmente uno o dos años) y no se pueden excluir del proceso unilateralmente. Las parejas que eligen la mediación no están obligadas a seguir en el proceso y pueden detener el proceso en cualquier momento sin dar explicaciones.

Generalmente, es un juez quien hace el nombramiento de un coordinador de parentalidad.

¿Uno de los principales valores que aporta la coordinación a la sociedad es el ahorro de procedimientos judiciales en separaciones de alta conflictividad, ahorro que es tanto económico como de desgaste emocional. Esta constatación evidente, ya dispone de algún estudio que lo pueda dimensionar?

Hay varios estudios que han confirmado este hecho, como la misma investigación del proyecto piloto en Montreal.

Otros estudios como el de Henry, Fieldstone, & Bohac (2009) y el de Fieldstone et al. (2011) concluyen que la participación en un proceso de coordinación de parentalidad reduce el número de comparecencias, tanto relacionadas con los hijos como de otros temas, después de que se haya designado un coordinador de parentalidad. La cantidad de tiempo que los juzgados dedican a gestionar estos casos se reduce de manera significativa (Brewster, Beck, Anderson, & Benjamin, 2011). Un estudio de grandes dimensiones realizado el 2016 por Serpil Ergun, Magistrado en jefe del Juzgado de la División de disputas comunes de relaciones domésticas del Cuyahoga County en Cleveland, Ohio, demostró que había una fuerte asociación entre la coordinación de parentalidad y menos litigios, que declinaron significativamente después de que se designara un coordinador de parentalidad. 

¿Si el Ministerio de Justicia de Canadá asumió los costes económicos de los procesos de coordinación de parentalidad, quien los asume una vez finalizado el proyecto piloto?

Esta es una pregunta muy importante dado que muchos estudios han concluido que el costo relacionado con este servicio es un tema importante y preocupante en el momento en que los distritos judiciales consideran la posibilidad de implementar la Coordinación de parentalidad. En Montreal, uno de los factores que afectó el éxito de la intervención estaba relacionado con el hecho de que los progenitores dejaran de participar cuando habían utilizado las 40 horas de servicios gratuitos.

Los investigadores propusieron que también se tomara en consideración la vía para acceder a este servicio, ya fuera siguiendo el protocolo definido por la mediación familiar o bien las reglas que regulan la asistencia jurídica gratuita. También sería posible que las tarifas asociadas a este servicio se determinen en base a los ingresos anuales de los progenitores en una escala predeterminada. El mismo estudio de Ohio mencionado anteriormente llegó a la conclusión de que la coordinación de parentalidad no se debería ordenar si los progenitores no se la pueden permitir. Y recomendaban un programa de coordinación dentro del juzgado, que podría ser más asequible que el modelo de proveedores privados.   

¿Por tanto, el ahorro quien lo capitaliza? ¿Las administraciones públicas, las familias, ambas, o ahorran en factores diferentes?

No hay duda de que la administración pública y el Ministerio de Justicia son los grandes ganadores en el ahorro de costes. En Quebec, el coste de poner en funcionamiento una sala en el juzgado supone un coste de entre 10.000 y 15.000 dólares diarios. Como demuestran muchas investigaciones y funcionarios públicos, las familias con un alto nivel de conflicto pueden utilizar una cantidad excesiva de recursos judiciales en batallas de litigios tóxicos. Se estima que el estudio piloto de dos años a Montreal ahorró al Ministerio de Justicia varios cientos de miles de dólares haciendo que los progenitores hablaran sobre los hijos con un coordinador de parentalidad y éste los disuadiera de ir a resolver los problemas en el juzgado. Por extensión, cuando tenemos en cuenta el coste legal acumulado, y a menudo exagerado, de los litigios en curso, los padres pueden ahorrar muchísimo si se les da una alternativa como la coordinación de parentalidad, preferiblemente antes no se convierta en un conflicto intratable.

Asimismo, la coordinación de parentalidad puede ser costosa para los progenitores sin recursos o aquellos que han utilizado todo su dinero en el momento en que se designa un/a coordinador/a de parentalidad.

En Quebec, ¿aún es necesario promocionar la figura del PC o se conoce comúnmente? 

Cuando se inició el proyecto piloto de coordinación de parentalidad, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Montreal era uno de los principales partidarios del proyecto. El actual asistente del presidente de Justicia fue uno de los jueces competentes para varios de los casos del proyecto. Sin embargo, la mayoría de los magistrados y profesionales en el ámbito legal tienen poco conocimiento o comprensión del servicio y de cómo utilizarlo.

Para solucionar esto, se creó un comité de reflexión tripartito (los colegios profesionales de la Psicología, Trabajo social y Abogacía) para elaborar recomendaciones y establecer las directrices adecuadas.

Se decidió trabajar para intensificar los esfuerzos para informar y sensibilizar a jueces, abogados y evaluadores de los proyectos de guarda (custodia) sobre coordinación de parentalidad y la existencia de una lista de profesionales (psicólogos, trabajadores sociales y abogados) que han realizado la formación adecuada y están disponibles para aceptar los mandatos.

En Florida, Fieldstone et al (2009) concluyeron que todos los actores en el proceso -jueces, magistrados, abogados, fiscales, mediadores y evaluadores de la guarda/parentalidad- deberían tener una comprensión bastante completa del rol y la forma en que funciona el proceso.

¿Hay que promover que los jueces puedan dictaminar la obligatoriedad de un proceso de CP (tal como sucede en varios estados de los Estados Unidos de América) o es positivo para la CP que un juez sólo lo pueda aconsejar y que las familias asuman el proceso de CP como una opción voluntaria?

En todas las provincias de Canadá y en la mayoría de los estados de los Estados Unidos, los jueces no tienen poder para imponer un mandato de CP a los progenitores y son ellos los que tienen que dar su consentimiento. Algunos estados (Idaho, Oregon, Oklahoma, North Carolina, Luisiana, Colorado, Minnesota, Florida y Texas) reconocen la coordinación de parentalidad en sus estatutos. En ellos definen los parámetros dentro de los cuales se puede emitir un mandato, mientras que muchos otros no tienen estas pautas y confían en los jueces asignados al caso para definirlo en la resolución judicial. En Canadá, Montreal y Ontario no disponen de estos estatutos mientras que la British Columbia sí que lo tiene.

La mayoría de los estados con estatus (como North Carolina y Oklahoma) permiten que un juez ordene una coordinación de parentalidad sin consentimiento de los progenitores sólo después de haber decretado el divorcio invocando los parens patriae, es decir el poder de control del Estado sobre la potestad parental y la guarda en el mejor interés para el niño. Sin embargo, las citas hacen que los mandatos sean vulnerables a los retos como lo atestiguan en Pensylvania y Massachusetts. California, por otra parte, requiere el consentimiento de ambas partes antes de que se designe un CP debido al hecho de que la designación se realiza en virtud de un estatuto designado para "Special Masters" y que requiere el consentimiento de los progenitores.

Cómo se gestiona la intervención del CP cuando la petición proviene de la esfera privada y no a través del sistema judicial? El coordinación de parentalidad recibe el mismo apoyo de jueces y magistrados?

Las quejas a las comisiones éticas profesionales y las demandas civiles son el principal freno para los profesionales que quieren ejercer o continuar ejerciendo como coordinadores de parentalidad. Hay pocos tribunales que ofrecen la inmunidad de ser procesados (Colorado para coordinadores de parentalidad con capacidad para decidir). Esto hace que los coordinadores de parentalidad deben asegurarse de que cuentan con el seguro de protección civil profesional además de un buen apoyo legal.

Cuando una designa viene de del juzgado y los estatutos específicos están implementados, las quejas van dirigidas generalmente al juez competente. Esta debería ser la vía aunque no haya la regulación. Pero, cuando el coordinador de parentalidad viene designado por los mismos progenitores (con o sin abogados involucrados) no hay tal protección y los profesionales de la coordinación de parentalidad quedan solos para gestionar este problema.